La Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen ha abierto el debate sobre los Presupuestos Generales de la UE para el periodo 2028-2034, una propuesta que marca un giro drástico en como se van a distribuir los fondos europeos. El Ejecutivo plantea un recorte de hasta el 20% en la Política Agraria Común (PAC), uno de los pilares de la integración europea. Esto liberaría más de 77.000 millones de euros que se destinarían a aumentar la inversión militar y reforzar la estrategia de defensa ante el nuevo escenario geopolítico.
A día de hoy la PAC moviliza unos 386.000 millones de euros y es clave para el sustento de millones de agricultores europeos, en especial en los países mediterráneos como España, Francia o Italia. Sin embargo, el nuevo presupuesto incluye la fusión de los fondos agrícolas y los de Cohesión, algo que reduciría el protagonismo tradicional de la agricultura en el presupuesto europeo y genera una honda preocupación en el sector. La reforma llega en un momento de alta inflación y con un aumento de la presión internacional, en un contexto condicionado por la guerra en Ucrania, la necesidad de reforzar la seguridad en las fronteras y el vencimiento de los préstamos asociados al fondo Next Generation tras la pandemia.
El ajuste propuesto ha generado una oleada de protestas tanto en Bruselas como en otras capitales europeas. Sindicatos como Asaja, COAG y UPA han denunciado que la decisión pone en riesgo la viabilidad económica de muchas empresas agrícolas, lo que a su vez compromete la seguridad alimentaria europea de cara al futuro. Tanto el Gobierno de España como las organizaciones agrarias exigen que la PAC mantenga su carácter autónomo. A esto se añade la demanda del reajuste presupuestario para compensar el impacto de la inflación y las nuevas exigencias normativas. También la entrada de Ucrania como parte del mercado agrícola aumenta la presión de los productores europeos, tanto por la mayor competencia como por como se pueden distribuir las ayudas. Esto agudiza aún más la necesidad de replantear el modelo de financiación de la PAC.
Con respecto al aumento del gasto en defensa no hay un consenso unánime entre los miembros de la UE. Países con un importante sector agrícola como Grecia, Italia y Portugal se oponen frontalmente a la idea de desmantelar la estructura actual de la PAC. Además, expertos y eurodiputados advierten que fusionar partidas podría generar opacidad y hacer más difícil controlar de forma eficiente el dinero público. La propuesta de reducir la PAC para destinar más fondos a Defensa supone un punto de inflexión en la historia reciente de la Unión Europea. La decisión final se debatirá intensamente en los próximos meses y marcará el futuro de la agricultura, la seguridad y el equilibrio social dentro en Europa.
